¿Qué modificaciones relevantes se han producido?

  • Se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda de los 3 años que teníamos hasta el momento, hasta los 5 años. Excepción: si el arrendador es una persona jurídica, se amplía hasta los 7 años.
  • Se alarga el plazo de prórroga tácita de 1 a 3 años (este es el plazo por el que se amplía el contrato una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria sin que el arrendador o el arrendatario manifiesten su voluntad de no renovarlo).
  • El arrendador no podrá exigir al nuevo inquilino, cuando firmen el contrato, un aval además de la fianza, que exceda en dos meses la renta mensual de alquiler (a no ser que se trate de un contrato de larga duración, en los cuales sí se acepta el pacto de garantías adicionales).
  • Si el arrendador es una persona jurídica, pasará a ser quien pague los gastos de gestión inmobiliaria y de contrato (el mes que se paga a la agencia y los gastos derivados, para entendernos).
  • Se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para que se paralicen los desahucios hasta que se encuentre una alternativa habitacional en los casos que afecten a personas o familias vulnerables. Así, los jueces que conozcan del asunto emitirán un informe y se abrirá una prórroga de un mes (o de dos cuando es una persona jurídica la que solicita el lanzamiento) para buscar una solución.
  • Se modifica la Ley de Propiedad Horizontal estatal para que las comunidades de propietarios puedan vetar o limitar los alquileres de viviendas turísticas.
  • Se modifica la Ley de Propiedad Horizontal estatal para aumentar, en un plazo de tres años, al 10 por ciento el fondo de reserva de las comunidades de propietarios, y establecer la posibilidad de que se destine a la realización de obras en materia de accesibilidad.
  • Se establece la obligatoriedad de las obras de accesibilidad establecidas legalmente cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75 por ciento del importe de las mismas.
  • Se establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) en la suscripción de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente.
  • Se puede eximir al inquilino/a de pagar el IBI cuando el arrendador sea un ente público.
  • Se permite a los ayuntamientos con superávit destinarlo a promover su parque de vivienda pública y Se permite que los ayuntamientos que tengan superávit lo destinen a promover su cartera de viviendas públicas, pudiendo establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado.
  • Se introduce en la Ley Reguladora de Haciendas Locales la definición de inmueble de uso residencial desocupado con carácter permanente, con la idea de que los ayuntamientos puedan aplicar recargos en el IBI.
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