Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen

Artículo en la página 54 de la revista Ethical Magazine.

En la revista número 7 de Ethical Magazine he publicado un artículo donde hablo sobre las leyes que protegen los derechos al honor y a la intimidad de las personas y su propia imagen, planteando las posibles contradicciones a la hora de llevarlas a cabo y la forma de recurrir para solucionarlo.

La protección de los derechos de honor, a la intimidad personal y familiar y la propia imagen.

A raíz de situaciones laborales, personales o fruto del trabajo de los activistas, a menudo llegan a mi correo consultas referentes a estos derechos. Por ello, voy a tratar de aclarar el asunto en términos básicos y generales, con este artículo (para casos concretos, deben estudiarse las peculiaridades).

La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen establece, en su artículo siete, que serán consideradas intromisiones ilegítimas los siguientes casos:

1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.
2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción.
3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.
4. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.
5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2.
6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.
7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

Como podemos observar, son varios los actos que se consideran ilegítimos en relación a estos derechos en cuestión. Por ello, gran parte de la población cree que este tipo de demandas derivan en procedimientos sencillos, rápidos y claros, en los que siempre se gana. Nada más lejos de la realidad.

El problema cuando llevamos estos asuntos a la práctica y nos vemos inmersos en un procedimiento judicial, es totalmente probatorio. Por ejemplo, imaginemos que queremos demandar a nuestro vecino por grabar desde su balcón el interior de nuestra casa. Si se tratara de una cámara fija de vídeo vigilancia instalada por dicho vecino enfocando a nuestra parcela, sería un caso claro, pero en realidad la mayoría de estos asuntos suelen tratar de grabaciones realizadas con cámara en mano o incluso con el teléfono móvil, así que en un principio no podemos demostrar que nos estuviera grabando. ¿Qué deberemos hacer? Esperar a que use ese material para algo (por ejemplo, que publique uno de esos vídeos en Facebook). De ser así, podremos demandarlo y con muchas garantías de éxito, pero de lo contrario, nuestro vecino guardará dichas grabaciones en su casa, nunca tendremos acceso a ellas y, por lo tanto, nunca lograremos que lo condenen por haberlas realizado (salvo casos muy graves que propicien un registro de su vivienda, que no es lo más habitual).

Esto nos lleva a pensar que, aunque esté prohibido por ley grabar, lo que realmente derivará en un motivo suficiente para demandar será el uso que haga esa persona de la grabación, puesto que si nos graban pero no se difunde dicho material, no podremos demostrar que nos han grabado. Esto crea, bajo mi punto de vista, una inseguridad jurídica que nos afecta a todas las personas físicas.

Debemos recordar que tenemos cuatro años para ejercitar nuestro derecho a demandar una intromisión ilegítima de este tipo. Pasados los cuatro años, caducará. También es importante acreditar bastamente los daños y perjuicios (económicos y morales) sufridos a raíz de la difusión del material en cuestión. Solo así lograremos una condena suficiente. Si sientes que alguien vulnera alguno de tus derechos, no dudes en consultar tu caso concreto con un abogado

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