Negarse a la segunda prueba de alcoholemia es delito

 

Parece ser que todos/as tenemos claro que si un agente de la autoridad nos requiere para que nos sometamos a una prueba de alcoholemia, debemos acatar la orden sin rechistar. Lo que sí solemos desconocer es que dicho agente puede obligarnos en ese mismo acto a someternos a una segunda prueba de la misma entidad. Y por si existía discusión al respecto, el Tribunal Supremo dictó hace menos de un mes una sentencia (puedes leerla íntegra aquí) que, resaltando la existencia de una laguna al respecto, que daba pie a diversas interpretaciones, nos ha dado su opinión. Así, la sentencia recuerda que:

La ausencia de doctrina jurisprudencial ha constituido campo bien abonado para que germinen y convivan interpretaciones opuestas sobre un punto muy concreto de frecuente aparición: la consideración penal de la negativa a reiterar transcurridos unos minutos, tal y como establece la norma reglamentaria, la medición de alcohol en aire espirado si el primer resultado fue positivo o se aprecian síntomas de embriaguez. Para muchos Jueces y Tribunales esa conducta colma las exigencias típicas del delito del art. 383 CP. Otros muchos, con argumentos tan valiosos y meditados como los blandidos en sentido opuesto, consideran, empero, que si el requerido accedió voluntariamente a la primera espiración, queda excluida esa tipicidad.”

Y finalmente, nos aclara que negarse a una segunda prueba de alcoholemia, tras haber sido requerido para ello por un agente de la autoridad, será constitutivo de delito, pudiendo condenarse al conductor a una pena de prisión de seis meses a un año y a la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a un año y pudiendo llegar hasta los cuatro años. Todo ello y entre otras, con la intención de ofrecer una mayor protección al principio de autoridad,  blindando con una singular protección penal la autoridad de los agentes que velan por la seguridad vial.

Además y ante nuestra negativa al requerimiento del agente, éste podría conducirnos directamente al Juzgado para aquello que sea menester, así como inmovilizarnos el vehículo, todo ello de acuerdo con los artículos 24 y 25 del Reglamento General de Circulación.

Recordemos que no es ni legal ni ético conducir bajo los efectos del alcohol o de otras sustancias. No solo peligra la vida de quien conduce, sino la de todos los inocentes que se cruzarán con él.

 

 

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